13º-19º
domingo | 8 junio | 2025
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha juzgado este viernes a tres personas acusadas de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La Fiscalía sostiene que los encausados sacaron dinero de España mediante envíos a República Dominicana con el objetivo de ocultar su origen ilícito, y solicita para cada uno cuatro años de prisión y multas que suman en total 200.000 euros.
El proceso judicial se enmarca como pieza separada de una investigación por narcotráfico iniciada en Santiago, que incluyó registros en una hamburguesería abierta en 2022 en la Rúa Nova de Abaixo —actualmente cerrada— y en varios domicilios, además de intervenciones telefónicas.
Dos de los acusados, un matrimonio de nacionalidad dominicana, han negado los hechos y han alegado que los fondos investigados procedían de actividades legales: los ingresos por prostitución de la mujer en un club de San Lázaro, donde, según declaró, llegaba a ganar hasta 8.000 euros mensuales en efectivo, y los beneficios de la hamburguesería que regentaban.
Defienden que el local funcionaba "de maravilla" hasta que el registro policial dañó su reputación y clientela. También han declarado que las remesas enviadas al extranjero eran para ayudar a familiares y amigos, y que desconocían que pudieran tener consecuencias penales. “No pensé nunca que podía ser un problema”, aseguró la mujer en su declaración.
El tercer acusado, de nacionalidad española, ha afirmado que solo realizó envíos a petición del otro procesado como un favor personal, sin recibir contraprestaciones económicas ni drogas a cambio. Alegó que las limitaciones legales de las empresas de envío de dinero —con un máximo mensual de 3.000 euros— motivaron que usaran su identidad para superar esos topes. “Si pensaba que me iba a pasar esto, no lo hacía”, afirmó ante el tribunal.
Según el fiscal, el gerente de la hamburguesería utilizaba el establecimiento y su domicilio particular como puntos de distribución de cocaína, contando con el otro varón procesado como comprador habitual. En este sentido, presentó como prueba mensajes interceptados en los que se solicitaban “un grande” o “un peque”, que, según la acusación, aluden a un gramo o medio gramo de esta sustancia.
Un agente encargado del caso declaró por videoconferencia que el principal acusado fue identificado en un operativo antidroga realizado en un piso de la Avenida Barcelona en 2022, y que mantenía contacto con personas a las que se incautaron estupefacientes. También afirmó que el local de hostelería investigado presentaba poca actividad comercial real y que en él se producían pequeños trapicheos de droga.
Sin embargo, indicó no tener constancia directa de que la acusada ejerciera la prostitución, ya que no se estableció vigilancia específica sobre ella durante la investigación.
La defensa presentó como testigos a empleados del establecimiento para acreditar su actividad, así como a excompañeras de la acusada en el club de alterne de San Lázaro, con el objetivo de reforzar la versión de que los ingresos tenían origen lícito.
El juicio ha quedado visto para sentencia, en una causa que entrelaza prostitución, negocios hosteleros y presunto tráfico de drogas, y que ahora está pendiente de la resolución judicial.
