Las familias del Colegio Trisquel Compostela International han elevado este lunes el tono de sus reclamaciones tras semanas denunciando la situación de "desamparo" que aseguran estar viviendo. 

En un nuevo comunicado, advierten que estudian emprender acciones legales si las administraciones y entidades implicadas no resuelven de forma urgente los "problemas de seguridad, convivencia y salubridad" derivados de la convivencia forzosa con alrededor de 120 varones adultos refugiados alojados en instalaciones contiguas al centro educativo.

Señalan a la Fundación Junior’s y a la empresa d’Ocio

El conflicto se remonta a septiembre de 2024, cuando la empresa d’Ocio, que comparte el uso del antiguo colegio Junior’s con Trisquel, contrató a la ONG Rescate para acoger a un grupo de refugiados en las instalaciones anexas al centro escolar. Según denuncian las familias, el colegio no fue informado previamente, sino que conocieron la noticia dos días antes del inicio del curso a través de la prensa, siendo informados entonces de que se trataría de una medida temporal.

Desde entonces, según relatan, se han producido múltiples episodios que afectan directamente al funcionamiento normal del colegio y a la seguridad del alumnado. Entre ellos, la colocación de cámaras de vigilancia sin autorización parental, la circulación de vehículos por zonas de recreo y la ocupación de espacios que estaban asignados al centro educativo.

Además, denuncian que una de las cabañas utilizadas como alojamiento para trabajadores de d’Ocio ardió completamente, provocando daños colaterales en otras zonas utilizadas por el colegio, incluida la caída de parte del muro perimetral, lo que dejó sin cerramiento adecuado al recinto escolar. La comunidad educativa afirma que la mayoría de estas reparaciones no han sido abordadas por la propiedad, salvo aquellas que el propio centro asumió "para garantizar la seguridad del alumnado".

Deambulación de adultos y brote de tuberculosis

Otro de los puntos críticos que denuncian las familias es la presencia constante de adultos ajenos al personal docente circulando por el recinto escolar, algo que consideran contrario a las normativas vigentes. La situación se vio agravada con un brote de tuberculosis entre la comunidad refugiada, que —afirman— no fue comunicado al colegio y habría originado casos de contagio entre alumnos y docentes.

Los recientes enfrentamientos verbales entre representantes de d’Ocio y docentes del centro, uno de los cuales derivó en una denuncia ante la Policía Nacional, han contribuido a que la tensión entre las partes haya escalado notablemente en los últimos días.

Llamamiento a las administraciones y al Banco Santander

Ante este escenario, las familias han enviado requerimientos formales a distintas administraciones, entre ellas el Concello de Santiago, al que piden una revisión de las licencias de actividad de la empresa d’Ocio. A la Xunta de Galicia solicitan la intervención de las consellerías competentes para asegurar el cumplimiento de la normativa educativa, urbanística y sanitaria, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores.

También apelan al Gobierno central, concretamente a la Oficina de Asilo y Refugio y al Ministerio de Inclusión, para que se garantice a la comunidad refugiada una acogida en instalaciones compatibles con entornos escolares.

Finalmente, han lanzado un mensaje directo al Banco Santander, al que identifican como propietario último del recinto, para que revise las actuaciones del representante legal de la propiedad y, si lo considera pertinente, proceda a su sustitución.

Las familias insisten en que su colegio ha mostrado desde el inicio una actitud de empatía y sensibilización hacia la realidad migratoria, y que incluso adaptó su programación educativa al respecto, pero subrayan que la prioridad debe ser siempre la seguridad y el bienestar de los menores.