El Concello de Santiago de Compostela inicia esta semana el proceso de licitación del nuevo contrato de autobús urbano. Así lo anunciaron este lunes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Movilidad, Xan Duro, en una rueda de prensa en la que explicaron que el cambio más significativo será el paso de concesión a contrato de servicios, una fórmula jurídica que permitirá al gobierno local tener un mayor control sobre la gestión del transporte público.

Este nuevo contrato llega tras un “análisis muy detenido” de otros modelos implantados en diferentes ciudades, informes técnicos y sentencias judiciales. Sanmartín subrayó que su ejecutivo trabaja con la convicción de que el autobús es un servicio público, no un negocio, y que esta modificación jurídica facilitará la introducción de mejoras sin los trámites complejos que implica una concesión, como el envío de documentación a la Oficina Nacional de Evaluación.

Subida de tarifas con apuesta por la fidelización

Aunque el presupuesto base de licitación se mantendrá en 137 millones de euros para 13 años, el nuevo pliego contempla un incremento en los precios máximos: el billete ordinario pasará de 1 euro a 1,40 euros, mientras que el abono transporte subirá de 0,60 a 0,63 euros.

Más del 50 % de los usuarios se benefician del bono transporte, por lo que desde el gobierno local se insiste en que se busca premiar la fidelidad y que estas tarifas aún podrán reducirse en función de las ofertas presentadas por las empresas que concurran al concurso.

Además, Sanmartín recordó que actualmente los precios están rebajados por las bonificaciones estatales aplicadas desde 2022, por lo que el impacto real sobre los bolsillos de la ciudadanía podría ser menor.

Más líneas, servicios nocturnos y flota renovada

El nuevo contrato prevé ampliación de líneas, especialmente hacia las parroquias rurales, y la implantación de servicios nocturnos, una demanda largamente esperada que, a día de hoy, no existe en la ciudad.

También está prevista una renovación de la flota, aunque desde el ejecutivo reconocen que este punto podría no completarse dentro del actual mandato, que finaliza en 2027.

A partir de esta semana comenzará la recopilación de los informes preceptivos para que, en un plazo corto, se pueda abrir formalmente el concurso público. Aunque la demora en el proceso ha sido reconocida por el propio gobierno local, el concejal de Movilidad descarta que esto incremente el riesgo de que el concurso quede desierto: “No tiene por qué, ya que hay un estudio económico que ajusta los precios al mercado”.