La aprobación definitiva del nuevo Juzgado exclusivo de Violencia de Género en Santiago de Compostela ha generado una contundente reacción por parte del Colegio de Abogados de A Coruña y sus delegaciones en Ribeira, Muros y Noia, que consideran que esta decisión supone “una pérdida de derechos y recursos para las víctimas".
Lejos de celebrarla como una mejora en el sistema judicial, el colectivo profesional considera que la medida impuesta por el Gobierno central y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia “genera desigualdad en el acceso a la justicia e incertidumbre sobre la asistencia legal a las víctimas y agrava el riesgo de colapso judicial”.
Desde el Colegio recuerdan que los partidos judiciales ahora afectados contaban hasta el momento con juzgados con competencias en violencia de género que funcionaban con eficacia y cercanía. “La medida desmantela una infraestructura que ha demostrado ser eficaz y rápida en la protección de las víctimas”, señalan.
La principal crítica se centra en la pérdida de competencia de los juzgados de Ribeira, Muros y Noia en materia penal y civil relacionada con la violencia de género. Las mujeres que presenten una denuncia por malos tratos deberán ahora desplazarse hasta Santiago para que se instruya su caso, mientras que cualquier otro delito seguirá tramitándose en sus juzgados de referencia. Esto, advierten, genera una situación “injusta donde una víctima de violencia de género se enfrenta a más obstáculos para acceder a la justicia que una persona que denuncia un robo”.
Asimismo, el Colegio de Abogados señala que la concentración de casos en un solo juzgado conlleva “el riesgo de colapso judicial”, al tener que atender a una población muy amplia: Negreira, Santiago, Padrón, Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira, Muros y Noia. En total, más de 100.000 mujeres.
Otro de los puntos críticos tiene que ver con los servicios de apoyo construidos durante años en estos partidos judiciales, que ahora “quedan en riesgo de vaciarse”. A esto se suma el uso de la videoconferencia como herramienta para realizar algunas comparecencias, lo que para el Colegio supone una “deshumanización del proceso” judicial, especialmente grave en casos de violencia de género.
En su comunicado, el Colegio de Abogados subraya que la reforma “lejos de mejorar el sistema, lo complica y perjudica a quienes más lo necesitan”. Recuerdan que los juzgados locales resolvían estos casos de forma ágil y prioritaria, y que el nuevo modelo responde a “una política de centralización, propia de tiempos pasados, que ignora la realidad del territorio y la necesidad de mantener los servicios judiciales de proximidad”.
El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña afirma que seguirá defendiendo el mantenimiento de la competencia territorial de violencia de género en los partidos judiciales de Ribeira, Muros y Noia, y reclama a las administraciones que “prioricen la protección efectiva de las víctimas en lugar de su desamparo institucional”.