Las concejalas no adscritas del Concello de Santiago, encabezadas por Mercedes Rosón, han condicionado su apoyo a la ordenanza de la tasa turística —que se someterá a votación este jueves— a cuatro exigencias concretas, entre ellas el establecimiento de plazos y composición de la comisión que decidirá el destino del dinero recaudado.

Según Rosón, aunque existe voluntad política de respaldar el tributo —porque “queremos que el turismo contribuya a mantener el Concello”—, el texto de la ordenanza llega “tarde y sin consenso”, y se ha tramitado “de manera precipitada, sin diálogo con el sector ni con el vecindario”.

Reclaman concreción y compromiso

La ley autonómica que regula la tasa turística obliga a destinar el 80 % de lo recaudado a actividades turísticas sostenibles, a través de una comisión en la que participe el sector. Las concejalas no adscritas habían propuesto que esa función la asumiera el Consello Municipal de Turismo, ya constituido, pero ante el rechazo del gobierno local, piden ahora un documento con plazos concretos para la creación de un nuevo órgano y su puesta en funcionamiento.

Además, exigen que se defina antes del pleno la composición de esa comisión, advirtiendo de que no se puede votar una ordenanza que delega el grueso del gasto a un órgano “del que no sabemos quién formará parte”.

Destino del 20 % y propuestas concretas

Respecto al 20 % del fondo recaudado que no tiene destino obligatorio turístico, Rosón reclama que se destine a reforzar servicios municipales de limpieza, mantenimiento y conservación, especialmente en espacios como la Alameda, así como a promover actividades culturales y deportivas durante todo el año.

También piden que el nuevo gobierno se comprometa a apoyar su propuesta de organizar un espectáculo de videomapping en la Praza do Obradoiro durante la noche de los fuegos del Apóstol, y que este proyecto se eleve a la futura comisión con respaldo político del ejecutivo local.

Control sobre los autobuses de excursionistas

La última de las demandas se centra en los excursionistas que llegan en autobús a Santiago y no pernoctan. Las ediles exigen un refuerzo de la vigilancia para asegurar que estos vehículos realicen la descarga de pasajeros en la dársena de Xoán XXIII, donde deben abonar una tasa de 19 euros. Denuncian que muchos autobuses esquivan este pago dejando a los viajeros en otras zonas de la ciudad, como San Francisco.

Rosón insiste en que todos los tipos de turismo deben contribuir y que la tasa debe implantarse “con garantías de participación ciudadana y del sector, y con retorno a corto plazo para el municipio”.