El pleno del Concello de Santiago de Compostela ha denegado este martes la aprobación de una factura de más de 400.000 euros correspondiente a gastos derivados del servicio del autobús urbano, en medio de un debate que ha estado marcado por el anuncio del nuevo contrato para el transporte público, más que por el contenido específico del expediente.

En concreto, el punto debatido –el número cinco del orden del día– se refería al reconocimiento extrajudicial de una deuda de 402.093,27 euros con la empresa Rías Baixas S.L., correspondiente a la liquidación del ejercicio 2024 en la línea 7 de autobús urbano. Sin embargo, los grupos de la oposición centraron sus intervenciones en criticar la licitación anunciada esta semana por el gobierno municipal para transformar el contrato del bus urbano, que pasará de ser una concesión a un contrato de servicios, otorgando mayor control al Concello, según defiende el ejecutivo local.

Acusaciones cruzadas y falta de apoyo

El concejal de Movilidad, Xan Duro, fue el encargado de defender el expediente, que justificó como consecuencia de un retraso técnico motivado por cambios en la composición del departamento de Tráfico. Aseguró, además, que la situación administrativa se encuentra ya en proceso de "normalización".

Sin embargo, la votación reflejó una clara falta de apoyo: 11 votos en contra del Partido Popular, cuatro abstenciones de los concejales no adscritos (exsocialistas) y solo 9 votos a favor de BNG, Compostela Aberta y PSOE, lo que impidió que saliera adelante.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, lamentó que los grupos políticos utilizasen este punto para cargar contra el nuevo modelo de contrato del bus urbano, cuando, a su juicio, no guardaba relación directa con el expediente económico que se estaba valorando. "Non é lóxico", reprochó.

Debate de fondo sobre el nuevo modelo

Pese a tratarse de un tema económico puntual, el rechazo se enmarca en una controversia más amplia sobre la gestión del transporte urbano, en la que el nuevo contrato que prepara el Concello ha generado fricciones entre los grupos. Este modelo, anunciado oficialmente el lunes, supondrá un cambio jurídico que pondrá fin a la concesión actual y permitirá que el Concello asuma más capacidad de decisión sobre líneas, frecuencias y condiciones del servicio.