La zona ORA de Santa Marta se ha convertido en uno de los temas más controversiales de la actualidad compostelana. Las tímidas quejas vecinales que surgieron con el primer anuncio de la medida fueron sucedidas por críticas políticas que, así como se puso en funcionamiento, escalaron en número e intensidad.
Hace tan solo un par de semanas, la agrupación del PP exigía su "supresión inmediata". En la misma rueda de prensa, el portavoz popular, Adrián Villa, calificaba como "ruín" que el BNG "se aproveitase así dos usuarios do Clínico".
Además, en cuanto la manera de operar, Villa insistía en que la iniciativa estaba "plagada de chapuzas", refiriéndose a fallos en los parquímetros y a errores en la aplicación para pagar desde el móvil.
Aunque menos contundente en las formas, la postura del PSOE era muy semejante. Su representante, Gonzalo Muíños, reconocía que la pintura azul sí que había conseguido eliminar los "coches ventosa" de Santa Marta; lo que era uno de los objetivos de iniciativa.
Sin embargo, explicaba que ahora esos vehículos se desplazaron al propio CHUS, de modo que la situación del aparcamiento se había vuelto todavía más complicada.
Para demostrar su hipótesis, incluso, Muíños acudió al Complejo a primera hora de la mañana para comprobar que, antes de que siquiera comenzasen las consultas, el parking del hospital ya estaba completamente lleno.
De la misma forma, el representante socialista cree que el Gobierno local usa la situación como "ariete" contra la Xunta. Es decir, según la oposición, el objetivo es que los usuarios aparquen en masa en el Complejo, "tensar máis a situación, y que el Ejecutivo autonómico se vea obligado a intervenir de inmediato.
Por su parte, desde Movilidad señalan que las proposiciones de PP y PSOE están basadas en "populismo". El edil del área, Xan Duro, añade además que la medida está funcionando bien, puesto que las rotaciones han permitido que ahora aparquen muchos más coches; siendo ese el fin primero de su implementación.
La pelota está en el tejado del bipartito, que deberá decidir en las próximas semanas si rectifica una propuesta que está cumpliendo con sus expectativas o si, por el contrario, asumirá lo acordado en la última sesión plenaria.