Santiago ha oficializado este lunes la petición a la Xunta para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. El Ayuntamiento ha solicitado, además, que la definición de ‘gran tenedor’ se amplíe a los propietarios de más de cinco inmuebles --la ley los considera por defecto a partir de los 10-- y que los efectos de esta declaración también se apliquen a las viviendas que llevan más de cinco años sin alquilarse.

Lo han comunicado la portavoz municipal, Míriam Louzao, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la junta de gobierno local. Ahora, el Ejecutivo gallego tiene un plazo de seis meses para resolver esta petición; en caso de no hacerlo, se iniciaría un proceso contencioso-administrativo. El edil confía en que la Xunta la acepte: “La ley hay que cumplirla, aunque no te guste”.

Esta declaración tendrá como consecuencias, entre otras, la aplicación de medidas de contención de precios, que se traducen en la limitación de las subidas de precio entre contratos y la imposición de topes en determinados casos; el acceso a fondos estatales destinados a la construcción de vivienda pública y la aplicación de incentivos fiscales por arrendamiento.

Además, los contratos que se realicen en estas zonas deben hacer constar la cuantía de la última renta para “facilitar la supervisión del cumplimiento de las medidas de contención”.

Hasta llegar a la solicitud, el Ayuntamiento ha realizado un “extenso trabajo”, como ha valorado Lestegás. Por una parte, el Grupo de Estudos Territoriais de la Universidad de A Coruña realizó --a petición del consistorio-- una diagnosis del mercado residencial, con su correspondiente exposición pública.

Esta certifica que el municipio cumple con dos de los cuatro criterios marcados por la ley, que únicamente pide que se cumpla uno de ellos para aceptar la declaración.

Asimismo, el consistorio ha elaborado un Plan de medidas correctoras, que a su vez ha sido evaluado evaluado en dos encuentros de la mesa sectorial. Dentro de las líneas de actuación establecidas en el mismo, el municipio contempla imponer un gravamen fiscal a las viviendas vacías con carácter permanente y la creación de una empresa pública de vivienda, entre otras.

Santiago fue el primer municipio en manifestar su intención de utilizar este instrumento contemplado por la Ley por el derecho a la vivienda. Ahora, se convierte junto a A Coruña, que formalizó la petición a principios de abril, en ser las únicas localidades gallegas en haberla pedido.

GRANDES TENEDORES Y CONTENCIÓN DE PRECIOS

El Ayuntamiento ha pedido que en la declaración de zona tensionada se amplíe la definición de ‘gran tenedor’ a los propietarios de más de cinco inmuebles, mientras que en la ley está fijado por defecto en 10. Además, ha solicitado que la declaración tenga efecto sobre las viviendas que llevan al menos cinco años sin alquilarse. “Son dos posibilidades que la ley habilita, pero tienen que especificarse”, ha explicado Lestegás.

Esta petición la justifica dentro de las circunstancias de la ciudad. En el término municipal de Compostela, hay más de 100 inmuebles urbanos con titularidad exclusiva de personas que poseen entre cinco y 10 viviendas, según datos del padrón del IBI recogidos por el edil.

Además, hay 463 titulares de cinco o más inmuebles de uso residencial, que concentran un total de 3.700 propiedades, independientemente del porcentaje de titularidad. En concreto, hay 213 titulares de 5 inmuebles, 94 de 6 inmuebles, 53 de 7 inmuebles, 27 de 8 inmuebles, 20 de 9 inmuebles, 15 de 10 inmuebles y 41 de más de 10 inmuebles.

En esta línea, una de las principales consecuencias de la declaración es la contención de precios, que se manifiesta en formas diferentes en función de las características de cada inmueble. En unos casos, se limita el incremento entre contratos y, en otros, se aplica un tope.

Este segundo supuesto se fija precisamente a los grandes tenedores y, en el caso de que se solicite, a los inmuebles que lleven cinco años sin ser alquilados, como pretende Compostela. Este tope está condicionado por el Índice de Precios de Referencia establecido por el Ministerio, que marca un precio mínimo y máximo en función de varios factores, como la fecha de construcción, la ubicación y si está amueblado o no.

CUMPLE DOS DE CUATRO CRITERIOS

La principal conclusión de la diagnosis realizada por la UDC es que el municipio cumple en todo su territorio dos de los cuatro criterios para solicitar la declaración de mercado tensionado. Por una parte, la carga media del coste del alquiler supone el 31,1% de la renta media de los hogares, mientras la ley marca como barrera el 30%.

Por otra, el precio medio del alquiler por metro cuadrado aumentó un 44,8%, mientres el IPC creció un 20,8% en los últimos años, de forma que Compostela supera “ampliamente” la barrera de tensionamiento fijada en el 23,8%. Otra de las deducciones del estudio es que “lo que más tensiona el mercado residencial de Santiago es el alquiler”.

“LA XUNTA SE DESENTENDIÓ DE ESTE ASUNTO”

Por otra parte, ha reprochado de nuevo al Gobierno gallego el traspaso de competencias a los municipios de la elaboración de la memoria justificativa y el diseño de las medidas correctoras, que la ley atribuye a la “administración competente”, en este caso, la autonómica. En el caso de Galicia, la Xunta ha delegado estas obligaciones a los gobiernos locales.

“Si la Xunta es la administración competente para declarar zonas de mercado residencial tensionado, también es la administración competente para hacer ese trabajo previo. Lo hicimos nosotros porque se desentendió de este asunto”, ha afeado Lestegás.

El edil de Urbanismo ha insistido, como ha realizado en anteriores ocasiones, en que la declaración “no es un fin en sí mismo; es una herramienta”. De este modo, permite “contener la escalada del precio del alquiler”, mientras diferentes administraciones implentan medidas para “abordar las causas estructurales” en cuestión de la vivienda.

“Es necesario intervenir en el mercado de alquiler porque se ha convertido en una fuente de desigualdad y un factor de empobrecimiento”, ha pedido Lestegás. En esta línea, ha instado a que los puestos de responsabilidad en materia de vivienda adopten “decisiones valientes”.