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miércoles | 28 mayo | 2025
El gobierno municipal de Santiago de Compostela, presidido por Goretti Sanmartín, ha aprobado este lunes en junta de gobierno la solicitud formal para que todo el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado, una figura legal recogida en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda y cuya aplicación corresponde a la Xunta de Galicia, como administración competente.
La solicitud se remite tras la elaboración de una diagnosis encargada al Grupo de Estudos Territoriais da Universidade da Coruña, un proceso de exposición pública, recogida de alegaciones y validación por la mesa sectorial de vivienda. La Xunta dispone ahora de un plazo máximo de seis meses para resolver.
En la rueda de prensa posterior al acuerdo, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, subrayó que esta declaración “non é un fin en si mesmo; é unha ferramenta” que permitirá contener la escalada de los precios del alquiler durante tres años, mientras se aplican medidas de fondo.
“La intervención en el mercado del alquiler es necesaria porque se ha convertido en una fuente de desigualdad y en un factor de empobrecimiento”, afirmó, recordando que el precio medio del alquiler en España aumentó un 77 % en la última década, mientras que la renta media de los hogares creció solo un 33 %.
“Moitas persoas non poden acceder a unha vivenda digna e as que aínda poden teñen cada vez máis dificultades para chegar a fin de mes e cada vez menos capacidade de aforro. Por iso falo de empobrecemento”, añadió Lestegás. “Os inquilinos teñen que dedicar unha parte cada vez maior da súa xornada laboral (e por tanto da súa vida) a pagar o alugueiro”.
Según el estudio encargado por el Concello, la principal causa del tensionamiento en Santiago es el alquiler, que afecta con más intensidad a los barrios de menor renta, profundizando la brecha social. El informe concluye que el municipio cumple dos de los cuatro criterios exigidos para la declaración, lo que justifica su petición.
El concejal advirtió que “a situación é tan grave que é necesario que as persoas que ocupamos postos de responsabilidade en materia de vivenda, a calquera nivel e en calquera administración, adoptemos decisións valentes e impulsemos medidas eficaces para garantir o dereito á vivenda e a función social da propiedade”. Y añadió: “Creo que non actuar non é unha opción, e teño claro que non imos saír desta crise coas mesmas ferramentas, as mesmas actitudes, as mesmas prioridades e as mesmas estratexias que a provocaron".
La solicitud incluye también una memoria justificativa y un plan específico con medidas correctoras, que fue debatido en las reuniones de la mesa sectorial de vivienda los días 19 de febrero y 22 de mayo. Varias de las aportaciones realizadas por las entidades participantes fueron incorporadas al documento final.
El Concello remite ahora toda la documentación al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que deberá evaluar la petición y decidir si activa la declaración para la totalidad del municipio. Esta medida permitiría, entre otras herramientas, limitar las subidas de los precios del alquiler en zonas especialmente tensionadas, dando un respiro a los hogares con mayores dificultades.
