El Aeropuerto Rosalía de Castro ya luce nuevos tótems de control electrónico, los cuales empezarán a funcionar el próximo 10 de noviembre.
La orden del Parlamento Europeo y del Consejo entrará en vigor justo en esta fecha, con lo cual los ciudadanos extracomunitarios que deseen acceder a un país del Espacio Schengen —el área de libre circulación que comprende a 29 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes— tendrán que utilizar estostótems de identificación.
A Diario Compostela, Aena —la empresa que gestiona el espacio aéreo español y servicios en los 74 aeropuertos civiles— informó que el control de fronteras lo gestiona la Policía Nacional y que la compañía colabora en “el suministro e instalación del equipamiento necesario para el despliegue del proyecto europeo”.
Se establece en la determinación, de 30 de noviembre de 2017, un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida —y de denegación de entrada— relativos a ciudadanos extracomunitarios que crucen las fronteras de la UE.
De esta forma, se determinan las “condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos”. Es decir, habrá un control más cercano de las personas extracomunitarias en los aeropuertos.
Lo que también se pretende alcanzar con el nuevo sistema es reforzar la lucha contra los delitos de terrorismo y otros delitos graves, con lo cual la justificación para presentada afirma que las autoridades necesitan las informaciones más actualizadas posibles.
También está previsto que el Sistema de Entradas y Salidas conservará durante tres años los datos de los ciudadanos extracomunitarios que “hayan respetado la duración de la estancia autorizada”.
Igual medida se aplica a los nacionales de países terceros “cuya entrada para una estancia de corta duración haya sido denegada”.
El tiempo de conservación de los datos cambiará a cinco años si el período de salida del territorio no es respetado. En estos casos, afirma el reglamento que “la guardia de fronteras pueda llevar a cabo el necesario análisis de riesgos”.