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sábado | 28 junio | 2025
El pleno del Concello de Santiago de Compostela ha vuelto a rechazar este jueves el pago de dos facturas correspondientes al servicio de autobús urbano, valoradas en casi tres millones de euros, debido a la negativa del Partido Popular y la abstención de los concejales no adscritos —antiguos miembros del PSOE—.
En concreto, han quedado sin aprobar 402.093 euros pendientes con Autocares Rías Baixas, correspondientes a la línea 7, y 2.537.725 euros con TRALUSA, empresa que gestiona la mayor parte del servicio urbano de autobuses de la ciudad.
No es la primera vez que estas facturas son rechazadas. Ya en el pleno del 3 de junio, la misma postura de ambos grupos impidió su aprobación. Según ha argumentado el PP, ambas deudas derivan de acuerdos adoptados en 2022 y 2023 por el director gerente de Tussa, para incorporar nuevos vehículos al servicio, pero sin informes técnicos independientes del Concello que avalasen la decisión ni justificasen el precio de mercado del alquiler.
La portavoz popular, Rosario Ferreiro, ha acusado al gobierno municipal de incurrir en “ilegalidad tras ilegalidad”, recurriendo sistemáticamente a “encargos de continuidad sin fiscalización previa”. El portavoz del PP, Borja Verea, ha advertido incluso de posibles responsabilidades patrimoniales y ha anunciado que su grupo valora remitir el caso a órganos de anticorrupción y responsabilidad contable.
Por su parte, los ediles no adscritos, que ya se abstuvieron en el pleno anterior alegando "falta de diálogo", han justificado su postura esta vez en el “ocultismo” en torno a la regularización del contrato de transporte urbano. Su portavoz, Gonzalo Muíños, ha criticado que se abuse de una fórmula “que debería ser excepcional y se ha convertido en norma”.
El concejal de Movilidad, Xan Duro, ha defendido que los trámites fueron iniciados “en tiempo y forma”, pero que los “atrancos administrativos” provocados por cambios en la plantilla del Departamento de Tráfico impidieron cerrar el expediente a tiempo.
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha reconocido que no es “la situación ideal”, pero ha subrayado que se trata de un servicio que ya fue prestado y, por tanto, debe pagarse: “O dejábamos a la ciudad sin autobús o buscábamos una fórmula posible para garantizar el servicio”, ha explicado. Sanmartín ha apelado a la responsabilidad del pleno para no bloquear pagos a empresas que ya han cumplido con su labor.
Pese al rechazo de las dos facturas principales, el pleno sí ha aprobado el abono de otras tres deudas menores, por un valor conjunto de alrededor de 447.000 euros, gracias a la abstención del PP y de los no adscritos, y con los votos a favor del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta) y del PSOE.
