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viernes | 20 junio | 2025
La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado este viernes la que considera una “inédita y surrealista actuación policial” en los accesos al Hospital Clínico de Santiago durante las recientes movilizaciones del personal, especialmente de las trabajadoras del servicio de limpieza, gestionado por la empresa Ilunion. Según el sindicato, estas actuaciones, las cuales describen como "militarización de los accesos", fueron ordenadas directamente por la Subdelegación del Gobierno en Compostela, con la complicidad de la Gerencia del área sanitaria del CHUS, a la que responsabilizan de instigar la represión.
Durante la concentración celebrada la tarde del jueves 19 de junio, las trabajadoras fueron impedidas por la policía de protestar en la entrada principal del hospital, un espacio en el que, según la CIG, históricamente se han desarrollado todas las concentraciones desde la inauguración del edificio. La secretaria de Organización de la CIG, Susana Méndez, denunció además que se prohibió el uso del megáfono bajo amenaza de sanción o incluso detención, como ya había sucedido el día anterior.
El representante sindical Anxo Noceda subrayó que esta convocatoria, respaldada por todas las centrales con presencia en el comité de empresa, forma parte de un calendario de movilizaciones que lleva ya más de un mes desarrollándose en ese mismo lugar. “Fue la propia policía la que obligó al personal a protestar en la calle y sin megáfono, un instrumento que la propia Subdelegación reconoce como legítimo para el ejercicio del derecho de reunión”, aseguró.
Una situación similar se produjo el pasado miércoles 18 de junio durante otra protesta convocada por CIG-Saúde, cuando la policía intentó requisar un megáfono que no estaba siendo utilizado, alegando que debía comprobar si superaba los decibelios legales. Méndez, presente en la concentración, se negó a entregarlo al considerar “inadmisible” que se actúe de forma preventiva, sin infracción ni medición alguna.
Ante su negativa, la policía identificó tanto a Susana Méndez como a Xabier Alvedro, miembro de la Ejecutiva de CIG-Saúde, y les amenazó con detenerlos por desobediencia. En este caso, la supuesta infracción no era por usar el megáfono, sino por negarse a entregarlo para ser inspeccionado.
Estas actuaciones, según la CIG, comenzaron ya en la protesta del pasado 10 de junio, también frente al hospital, cuando fue identificado Anxo Noceda por lo que la policía calificó como posibles conductas sancionables, pese a que no se empleó ningún megáfono.
Desde la CIG denuncian que este tipo de actuaciones buscan dificultar por todos los medios posibles el derecho a la movilización del personal del CHUS y se preguntan “por qué la Subdelegación del Gobierno actúa con tanta saña contra las protestas en Compostela”.
El sindicato también interroga directamente al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, sobre si aprueba este tipo de intervenciones policiales, que, a su juicio, se sitúan al borde de la legalidad y están claramente orientadas a intimidar y desmovilizar al personal de los hospitales públicos.
