Tras la reciente visita del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a Santiago de Compostela, y la entrega de un informe con datos sobre la presunta proliferación de viviendas turísticas ilegales en la ciudad, el Colectivo de Pequeños Propietarios de Viviendas de Uso Turístico de Santiago ha emitido un extenso comunicado en el que cuestiona tanto el contenido del documento entregado como el enfoque del encuentro con la alcaldesa Goretti Sanmartín.

Según esta entidad, que agrupa a propietarios de inmuebles dedicados al alquiler vacacional, la presencia del ministro se percibe como una “estadía totalmente vacía de contenido” y se sugiere que la visita tuvo como único fin la obtención de “un titular de prensa”. A su juicio, los datos presentados no son nuevos ni precisos, y algunos —afirman— ya estaban disponibles en la propia web del Ayuntamiento.

En concreto, aseguran que el número real de viviendas registradas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) es de 696, frente a las más de 400 mencionadas por el Ministerio, y que todas incluyen su dirección postal, a diferencia de lo señalado por Bustinduy. En este sentido, acusan al ministro de ofrecer cifras “inventadas” y sostienen que la visita a Santiago “podía haberse evitado”.

El colectivo también cuestiona las cifras difundidas sobre la situación en Galicia, especialmente la afirmación de que un 60 % de las 16.000 viviendas de uso turístico serían ilegales. Aseguran que, según el REAT, en la comunidad hay actualmente 26.886 viviendas registradas, y recuerdan que en la mayoría de los municipios gallegos no es obligatoria la licencia municipal para operar, por lo que esas viviendas serían legales en tanto estén inscritas en el registro correspondiente.

Además, en su comunicado reclaman que se tengan en cuenta otros datos relevantes que, según ellos, el Ministerio ha obviado, como la existencia de más de 6.000 viviendas vacías en Santiago de Compostela. “Sorprende que no se promueva el alquiler de esas viviendas si tan rentable es el turístico”, apuntan, y añaden que “no ha habido un aumento significativo de registros turísticos tras la modificación del PXOM”, en referencia al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Sobre la labor del actual gobierno local, el colectivo recuerda que en campaña electoral la alcaldesa prometió regularizar muchas de estas viviendas mediante una ordenanza que finalmente no se ha materializado. También señalan que partidos como Compostela Aberta o el anterior gobierno del PSOE no se opusieron inicialmente a fórmulas transitorias de regularización.

Finalmente, el colectivo pone en duda la eficacia de algunas de las políticas en materia de vivienda impulsadas en la ciudad. En su opinión, la nueva residencia en el antiguo hospital de Galeras —con precios desde 900 euros al mes— “favorece a la estudiantina de mayor poder adquisitivo” y es incompatible con el discurso de un gobierno de izquierdas que asegura priorizar el acceso justo a la vivienda.

La entidad concluye su comunicado advirtiendo que una parte del electorado, a menudo silenciosa, puede manifestarse con fuerza en las urnas. “Están más atentos a esos 10 que no paran de gritar que a los miles que se callan, pero, llegado el momento, los callados votan y arruinan planes”, señalan en referencia a los resultados de las últimas elecciones municipales.