Familias de alumnos de Casa do Neno, un centro diocesano de Santiago de educación infantil y primaria, piden el cese de la directora, Eva Vidal, a la que responsabilizan de una "situación de conflictividad continuada en el tiempo", la cual habría causado bajas entre el profesorado, salidas y traslados de alumnos a otros centros.

En el escrito remitido este miércoles a la prensa, hacen constar que, "pese a estar encantados con el proyecto y la pedagogía tan potente que llevan a cabo en el propio colegio", a falta de soluciones que pongan fin a ese clima de inestabilidad, han decidido elevar el caso a la Valedora do Pobo, un paso que dieron el pasado martes.

En el informe enviado al alto comisionado del Parlamento de Galicia, aportan, tal y como indican, documentación sobre el supuesto proceder de esta persona, al considerar que incurriría "en abuso de autoridad y poder" y que habría mostrado "comportamientos despectivos" con afectación de manera negativa en niños, familias y docentes.

En la documentación trasladada a la mencionada institución, van especificadas esas presuntas prácticas, entre ellas amenazas veladas de despidos, llamadas impropias a familias por anular o rebajar las aportaciones voluntarias, y falta de protección de datos respecto a temas delicados sobre alumnado y familias.

De igual modo, señalan que el Patronato del centro se reunió el pasado viernes 12 de julio con las pruebas y peticiones presentadas por parte de familias y profesorado y denuncian una "más que cuestionada imparcialidad", ya que son siete personas las que constituyen esta suerte de consejo de vigilancia, de las cuales una es la propia directora, otra de ellas su marido, también el secretario del centro, y el vicario judicial, con el que existiría una relación de amistad.

Esa asamblea, destacan, acabó "sin dar contestación a la petición, dejando a las familias y profesorado desprotegidos".

Llegados a este punto, "sin desvirtuar la presunción de inocencia", insisten en la petición de revocación y en la adopción de todas las medidas necesarias para evitar que el resultado sea "más dañino de lo que ya es".

"Vaya por delante que para nosotros es preferible, por el bien de los menores, los grandes perjudicados, tratar de resolver el conflicto por vía administrativa, y no judicial", especifican al término de la nota. "Y en eso seguimos, aunque las peticiones de reunión con el Arzobispado sigan, por ahora, sin respuesta".

Consultado el Arzobispado por EFE acerca de este asunto, tampoco se ha obtenido contestación.