El presidente del Consello da Avogacía Galega y del Colegio de Abogados de Santiago, Francisco Rabuñal, ha firmado recientemente con el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, la renovación de un convenio clave para la mejora de la justicia gratuita en Galicia. Este acuerdo, sellado en la capital gallega, destina 200.000 euros a la compensación económica de los abogados de oficio por actuaciones no reconocidas formalmente debido a errores burocráticos o carencias documentales.

Con mejoras como la agilización de los trámites para pagos en casos de insolvencia y la inclusión de nuevos conceptos, como la asistencia jurídica para medidas de apoyo a personas con discapacidad, el convenio no solo responde a demandas históricas de la abogacía, sino que también refuerza el acceso a la justicia para los colectivos más vulnerables.

En esta entrevista, Francisco Rabuñal explica cómo este acuerdo impactará a los abogados y ciudadanos de Santiago de Compostela, una ciudad donde la labor de los letrados de oficio es fundamental para garantizar los derechos de quienes más lo necesitan.

¿Cómo valora lo conseguido a través de este nuevo convenio?
En materia de Justicia siempre ha habido escasez de medios. Además, eso se une a que tenemos una ley de asistencia jurídica gratuita deficiente y que necesita una reforma. Lo que intentamos es negociar la mejora del servicio a través de convenios como este. Nos ha costado bastante, pero hemos logrado que 200.000 euros se usen para paliar aquellos expedientes y funciones que hasta ahora no se pagaban.

El convenio menciona la inclusión de nuevos conceptos de pago, como la solicitud de medidas judiciales de apoyo para personas con discapacidad. Desde la perspectiva local, ¿qué impacto podría tener esto en la protección de los derechos de colectivos vulnerables en Santiago?

Lo que pretendemos desde el Colegio de Santiago es siempre lo mismo. Cuando se nos llama, es dar una prestación a todo aquel que la demanda. Lo que nos encontrábamos es que muchas veces prestaciones no eran pagadas. Ahora, todos los compañeros se verán beneficiados, y eso es positivo también para quienes reciben la prestación.
 

Hemos logrado un avance, pero 200.000 euros no son suficientes. Se están abonando cantidades que solo cubren una parte del precio de mercado del servicio prestado

En Santiago, como en el resto de Galicia, muchos abogados de oficio han demandado históricamente mejoras en el reconocimiento de su labor. ¿Considera que este convenio es un paso definitivo o aún quedan reivindicaciones pendientes?

Creemos que es un paso adelante, pero no es el definitivo. Esto tiene que cambiar en dos frentes: esa modificación de la ley que regula la justicia gratuita y también una mayor inversión presupuestaria. Actualmente, la inversión está en unos 13 millones. Para que atienda bien el servicio, deberíamos estar sobre 20 o 25.

Por último, ¿cómo le explicaría al compostelano de a pie la importancia de impulsar pactos como este?
La gente debe entender que para que la Jusitica sea rápida tiene que haber dinero. Si destinamos más presupuesto a la Justicia, esta será de mejor calidad. Los abogados tienen que comer, como todo el mundo, y si no se les paga lo que les corresponde por su actividad, se verán obligados a hacer múltiples trabajos para poder subsistir. Por tanto, invertir más significará un mejor sistema.