El concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica de Santiago, Iago Lestegás, ha defendido este martes el acuerdo aprobado en junta de gobierno para suspender durante un año las licencias y comunicaciones previas de actividad relacionadas con el turismo, la hostelería o el uso residencial en el casco histórico para estudiar cómo proteger el comercio de proximidad y fijar población en la zona vieja.

En declaraciones a la prensa en el ayuntamiento, Lestegás ha confiado en que este tiempo de moratoria sirva para idear una modificación del Plan Especial de la zona histórica que garantice la diversidad de usos en esta parte de la ciudad en la que se estaba produciendo “una concentración excesiva de un tipo de establecimiento” que estaba orientado a los turistas y no a los vecinos.

En la actualidad, según los datos del gobierno local, solo en la zona “intramuros” había casi un centenar de locales de uso exclusivamente turístico lo que acredita que “se sustituyen comercios de proximidad por otro tipo de establecimientos destinados a otro tipo de público” expulsando así a los residentes porque “sin comercio de proximidad no hay residentes”.

La suspensión, ha señalado, afectará a negocios orientados al turismo como las tiendas de recuerdos, locales de cambio de moneda, consignas de equipaje u oficinas de free tour, por ejemplo, entre otros.

Tampoco se permitirá el cambio de uso para abrir nuevos negocios de hostelería en locales donde hasta ahora no se desarrollaba esta actividad.

De igual forma, se prohibirá que los bajos que nunca tuvieron uso residencial puedan acoger nuevas viviendas.

En cambio, durante este año de suspensión, sí se autorizará la apertura del tipo de comercios que el gobierno local quiere blindar y proteger como son los pequeños comercios, tiendas de alimentación y productos básicos o incluso de textil, ya que consideran que estas tiendas sí ayudan a retener población.

Se busca así que las plantas bajas se dediquen “preferentemente a atender necesidades vitales de los que allí viven” ya que una de las razones de que las personas no quieran vivir en la zona histórica es la falta de servicios y comercio.

El concejal compostelano ha remarcado que el gobierno tiene “potestad” para realizar esta suspensión mientras se estudia una modificación del planeamiento y ha asegurado que esta misma mañana ha dado cuenta “con detalle” de esta norma a los grupos de la oposición en el consistorio, PP y PSOE.