La concejala socialista Mercedes Rosón ha instado al gobierno local a acelerar la nueva licitación del servicio de los centros socioculturales del municipio, tras revelarse retrasos en el pago de nóminas por parte de la empresa Serviplus. Según la edil, esta situación, que afecta al personal de animación sociocultural, podría comprometer la estabilidad laboral y la continuidad de un servicio fundamental para la ciudad.

Preocupaciones laborales

Rosón subrayó que este es el segundo mes consecutivo en el que parte del personal no ha recibido su salario a tiempo. "A día 10, hay trabajadores que aún no han cobrado la nómina de noviembre", señaló, añadiendo que el retraso ya se produjo en octubre. La concejala alertó sobre la "delicada situación" financiera de Serviplus, que gestiona el contrato más amplio de los cuatro en los que se divide este servicio, con un importe total de 1.294.700 euros y una vigencia inicial de dos años, prorrogada en 2023 hasta junio de 2025.

Exigencias al gobierno local

Desde el grupo socialista se reclama celeridad para sacar a concurso público la nueva licitación del servicio, especialmente del lote gestionado por Serviplus. Rosón recordó que en septiembre ya solicitaron información sobre el estado de los nuevos pliegos. En el próximo pleno, previsto para el 19 de diciembre, presentarán una iniciativa para que el gobierno local priorice los trámites pendientes, garantice la transparencia en el proceso y elabore informes periódicos sobre su avance.

Medidas extraordinarias

La concejala también propuso medidas adicionales para asegurar la continuidad del servicio y la estabilidad laboral del personal, en caso de que la situación se agrave. "Las trabajadoras y trabajadores necesitan claridad y seguridad frente a esta incertidumbre", afirmó, exigiendo que la representación sindical sea informada regularmente.

El servicio de los centros socioculturales es crucial para la vida social de Santiago, con actividades recreativas y de ocio que dependen en gran parte de los contratos afectados. Según Rosón, garantizar la estabilidad de este servicio es fundamental para proteger a las personas trabajadoras y a las comunidades que dependen de ellos.