El Concello de Santiago ha aprobado en pleno este martes un Plan Económico Financiero (PEF) tras confirmar que en el ejercicio 2024 incumplió la regla de gasto en 6,7 millones de euros. La medida ha salido adelante con los votos del bipartito que gobierna la ciudad (BNG y Compostela Aberta), mientras que PP y concejales no adscritos optaron por abstenerse.
Además del plan, el pleno también ha dado el visto bueno a un reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá abonar 268 facturas pendientes de 28 centros gestores del Concello. El importe total asciende a 1,38 millones de euros, correspondientes a servicios como telefonía, fotocopiadoras o envíos postales, en algunos casos ya regularizados. También se incluyen deudas vinculadas a contratos actualmente en licitación, como los de limpieza y conserjería en centros educativos o el de eficiencia energética en instalaciones municipales.
El concejal de Hacienda, Manuel César, defendió que el único motivo por el que el Concello debe presentar el Plan Económico Financiero es el incumplimiento de la regla de gasto, ya que tanto el objetivo de estabilidad presupuestaria como el límite de deuda sí se han cumplido. En este sentido, insistió en que la situación financiera del Concello “no es alarmante” y que la ratio de endeudamiento está muy por debajo del umbral legal.
Tanto el edil como la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, criticaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria promovida por el exministro Cristóbal Montoro, por considerar que no contempla la realidad específica de los gobiernos locales. “É difícil cumprir unha norma que non teña en conta as peculiaridades de cada administración local e que ignora por completo o resto de indicadores que mostran robustez financeira das entidades para facer fronte a ese maior nivel de gasto”, afirmó la regidora.
Desde el PSOE, la concejala Marta Abal calificó la gestión económica del bipartito de “mala” y reclamó un mayor control sobre la ejecución presupuestaria. Aseguró que, aunque se gasta más, la inversión ha disminuido en 1,5 millones respecto al año anterior.
El concejal no adscrito Gonzalo Muíños lamentó tanto el incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores como el retraso en la presentación del plan económico, aunque justificó su abstención como un gesto de “responsabilidad”.
Por su parte, la portavoz del PP, Rosario Ferreiro, denunció el bajo nivel de ejecución presupuestaria, el uso “abusivo” de reconocimientos extrajudiciales de crédito y la proliferación de contratos precarios en la administración local.
El reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado este martes fue incluido en el orden del día por la vía urgente, ya que el informe del interventor no pudo finalizarse a tiempo por motivos personales. En total, afecta a facturas emitidas por 28 centros gestores del Concello.
Entre los servicios afectados se encuentran contratos ya en vigor, como los de telefonía o fotocopiadoras, y otros en trámite de licitación, como los de limpieza o eficiencia energética, que siguen a la espera de adjudicación.