La portavoz del Gobierno local de Santiago, Miriam Louzao, ha remarcado este lunes que se está trabajando para pagar la deuda que se mantiene con las empresas que prestan el servicio transporte urbano de la ciudad, aunque advierte que habrá que hacer frente al pago de intereses por la demora.
El gobierno local ha dicho que su intención es hacer frente a este pago después de que el pleno municipal, con los votos en contra del PP y la abstención de los concejales no adscritos, rechazase en dos ocasiones el pago de dos facturas correspondientes al servicio de autobús urbano, valoradas en más de tres millones de euros.
“No nos rendimos”, ha dicho Louzao que, en todo caso, admite que el órgano que tiene potestad para facultar este pago es el pleno por lo que ha apelado a la “responsabilidad” tanto del PP como de los concejales no adscritos -tras su expulsión del PSOE- y ha pedido que recapaciten o que expliquen a la ciudadanía “cuál es el motivo” de esta decisión que afecta a “gastos debidamente justificados y que, por lo tanto, hay que pagarlos”.
De no conseguir efectuar el pago, la concejal ha admitido que “la única salida que les quedará a estas empresas es ir a la justicia” por lo que habrá que pagar este servicio con “intereses”, que recaerán sobre “todos los compostelanos”.
“Nosotros no queremos que las empresas tengan que ir a juicio” porque entonces cobrarían “más tarde” por un trabajo hecho y porque después se debería hacer frente al pago de intereses.
En este sentido, la edil de Santiago ha sido especialmente crítica con la postura de los cuatro concejales no adscritos que se abstienen en esta votación por cuestiones que “no tiene nada que ver con esas facturas”.
Louzao ha señalado que la petición que hacen los concejales para dar su visto bueno a estas facturas “nada tiene que ver” con la cuestión por lo que les ha pedido “responsabilidad”.
“La alcaldesa sabe que pidieron” pero “les corresponde a ellos explicar el motivo por el que no están votando a favor”, ha esgrimido la portavoz municipal.
Ha insistido en que seguirán negociando con los grupos para conseguir “pagar” a las empresas y que la ciudadanía “tenga autobuses y un servicio público digno y de calidad”.