Trabajadores de las instalaciones deportivas de Santiago denuncian precarización y plantan cara al Concello

CIG y UGT critican los servicios mínimos "abusivos" y anuncian medidas legales contra el decreto municipal
Trabajadores de las instalaciones deportivas de Santiago denuncian precarización y plantan cara al Concello
Complejo deportivo de Santa Isabel

Las instalaciones deportivas municipales de Santiago entrarán en huelga indefinida a partir del sábado 5 de abril, en protesta por la precarización de las condiciones laborales del personal de la empresa concesionaria Lacera.

 

El paro, convocado por los sindicatos CIG y UGT, se aplicará exclusivamente los fines de semana y se mantendrá hasta que el Concello acceda a negociar mejoras. En una rueda de prensa celebrada esta mañana, los representantes sindicales Paulo Rubido (CIG), Juan Carrera (UGT) y los delegados sindicales Iñaki Blanco, Javier Pinaque y Alberto Quintana denunciaron que los empleados de Lacera sufren una fuerte desigualdad respecto al personal municipal.

 

 

"Reclamamos un acuerdo similar al de las trabajadoras de limpieza del Concello, con mejoras en permisos, antigüedad y retribuciones. No estamos pidiendo privilegios, solo un mínimo de igualdad", explicó Rubido.

 

Una huelga que no afectará a las familias

El paro, que afectará a 44 trabajadores, ha sido diseñado para no interferir en las competiciones escolares, priorizando la conciliación familiar. La convocatoria llega tras meses de negociaciones infructuosas con Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, y la empresa concesionaria.

 

 

"Se han agotado todas las vías de diálogo. No nos queda más remedio que la huelga", afirmó Rubido, subrayando que esta situación no es nueva. "La externalización de servicios públicos solo ha servido para abaratar costes a base de precarizar a los trabajadores", añadió.

 

Servicios mínimos polémicos: posible impugnación

Uno de los puntos más conflictivos de la protesta es el decreto de servicios mínimos firmado por la alcaldesa, que establece una cobertura del 50% los fines de semana. Los sindicatos lo consideran "abusivo, represivo y contrario al derecho a la huelga", por lo que han anunciado que lo impugnarán por la vía legal.

 

 

"No estamos hablando de un servicio esencial. La alcaldesa se equivoca y debe rectificar", insistió Rubido, advirtiendo que solicitarán medidas cautelares y responsabilidades legales contra el decreto municipal.

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