El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado este jueves una propuesta del PSOE para exigir a la Xunta de Galicia la retirada de cerca de 200 pisos turísticos que operan de manera irregular en el casco histórico de la ciudad. La iniciativa salió adelante con el apoyo de BNG, Compostela Aberta y PSOE, mientras que el PP votó en contra.

La propuesta, defendida por la concejala socialista Mercedes Rosón, reclama a la Xunta que atienda el requerimiento formal enviado por el Ayuntamiento para eliminar del registro autonómico las viviendas turísticas que funcionan "al margen de la legalidad sin el título habilitante municipal preceptivo". Durante su intervención, Rosón criticó que la Xunta "no respete la legalidad urbanística" de Santiago y obstaculice su designación como zona tensionada de alquileres.

Desde el PP, la concejala María Baleato defendió que la Xunta "siempre opera en cumplimiento de la legalidad administrativa" y aseguró que ya ha respondido al Ayuntamiento sobre la imposibilidad de retirar de golpe 200 pisos turísticos. 

Según Baleato, la Xunta necesita "un pronunciamiento individualizado para cada caso", ya que una cancelación masiva "generaría indefensión en el administrado". A su juicio, es el Ayuntamiento quien debe verificar qué viviendas incumplen la normativa y comunicar cada caso a la Xunta para que pueda proceder con su baja.

Continúa la crisis interna del PSOE

La sesión plenaria también estuvo marcada por la situación interna del grupo municipal socialista, ya que Mercedes Rosón sigue actuando en nombre del PSOE a pesar de que el partido ha abierto un expediente de expulsión provisional contra ella y otros tres concejales: Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez. 

Los cuatro han presentado alegaciones al procedimiento y han anunciado su intención de recurrir ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, lo que les permite, por el momento, seguir en el grupo municipal hasta que haya una resolución definitiva.