La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo viernes a una mujer que se enfrenta a seis años de prisión por un delito continuado de estafa y de falsedad documental. En concreto, el juicio tendrá lugar en Santiago de Compostela a las 10,00 horas.

Según el escrito de la Fiscalía, la acusada, con antecedentes penales no computables, trabajaba como comercial en una compañía de seguros desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020 y posteriormente en otra compañía desde el 1 de septiembre de 2020 hasta marzo de 2021.

La encausada, aprovechaba que tenía acceso a datos identificativos de los clientes de dichas compañías, los documentos nacionales de identidad que eran entregados para la suscripción de determinadas contratos de seguros, y la credibilidad de su puesto para "obtener un beneficio ilícito", ya que obtenía una parte de su retribución en forma de comisiones en función de las contratos suscritos.

En concreto, la Fiscalía ha detallado que, aprovechando los datos proporcionados por la víctima para suscribir una póliza de seguros y decesos, concretamente su DNI, así como los DNI de sus hijos, "contrató sin el consentimiento de su titular e imitando la firma de la misma una póliza de seguros del hogar con una prima de 97,08 euros".

A su vez, solicitó a nombre de la perjudicada y sin que esta estuviera informada, un préstamo online por importe de 300 euros, así como otro préstamo utilizando nuevamente sus datos personales, su DNI e imitando en el contrato su firma.

De igual forma, utilizando los datos del hijo de la víctima, hizo una orden de domiciliación y suscribió una solicitud de seguros. Asimismo, utilizó los datos de la hija para hacer un total de tres solicitudes de seguros con sus consiguientes órdenes de domiciliación.

Con todo, la Fiscalía ha destacado que la acusada también suscribió, en diversas ocasiones, solicitudes de seguro y órdenes de domiciliación sin el consentimiento de las víctimas y utilizando los datos a los que tenía acceso.

En total, se le abonó a la acusada la cantidad de 5.560,43 euros en concepto de primas por las solicitudes de suscripción realizadas, "reclamando la devolución de esta cantidad al no haber podido formalizarse las pólizas por ser fraudulentas".

Por ello, el Ministerio Público solicita seis años de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros con la responsabilidad personal subsidiaria, por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Con todo, la acusada tendrá que indemnizar a las entidades perjudicadas.