El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Vivenda, ha pedido al Ayuntamiento de Santiago de Compostela que reformule su petición para que la ciudad pueda ser declarada como zona de vivienda tensionada y añada más información y concreción en la solicitud.

Ante este requerimiento, el gobierno local ha mostrado su "sorpresa" al entender que la respuesta a la petición del Ayuntamiento contempla "numerosos juicios de valor que no son propios de un proceso administrativo".

A finales del mes de mayo, la corporación municipal remitió esta petición a la Xunta y, una vez evaluada, el organismo autonómico requiere a la capital gallega cambios en la documentación presentada al considerar que "no se ajusta a lo previsto" en la ley, según un requerimiento al que ha tenido acceso EFE.

El Ejecutivo autonómico considera que "las medidas propuestas por el Ayuntamiento presentan un carácter muy general y, tal y como están planteadas, carecen de incidencia en orden a revertir la situación de mercado residencial tensionado en el municipio" en los plazos previstos por la ley.

Además, remarcan que la mayoría de las medidas que recoge la propuesta local "se corresponden con medidas ya existentes o programadas alguna de carácter claramente puntual y para cuya ejecución no requiere la previa declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado".

En particular, el IGVS tilda de "paradójico" que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela incluya en la relación de medidas correctoras propuestas la colaboración con la Xunta de Galicia en la promoción de vivienda pública o en la movilización de vivienda vacía, "cuando lo cierto es que hasta ahora mostró una falta de colaboración en este campo".

De forma paralela, la Xunta reclama al gobierno local un calendario de desarrollo de las medidas propuestas como así exige la ley de vivienda de Galicia, que indica que el proyecto de plan debe incluir un calendario de implantación de las medidas propuestas.

Apuntan que la documentación enviada por el Ayuntamiento carece de una programación temporal de tales medidas y se limita a manifestar que "las medidas previstas en este proyecto de plan que aún no se estén implementando se pondrán en marcha a partir de 2025 y con el horizonte temporal de 2028, coincidiendo con la vigencia de la declaración".

Frente a este marco temporal, la Xunta solicita "un calendario en el que se concreten, de forma detallada, las fechas previstas para el desarrollo de las diferentes medidas correctoras contenidas en el documento".

Por otro lado, la Administracion autonómica también reclama documentación sobre las alegaciones recibidas durante el trámite de información pública e incide en que es "preciso acercar un certificado emitido por el órgano competente del ayuntamiento en el que se hagan constar los alegatos presentados y la fecha de su presentación".

También se reprocha al gobierno municipal que para justificar su petición se ampare en datos "de un conocido portal inmobiliario" cuando la información debería partir de los datos recabados por organismos públicos para garantizar "objetividad, transparencia y rigurosidad".

Por todo ello, desde la Xunta requieren al gobierno local "enmiende las deficiencias o acerque la documentación requerida" y, en su caso, "replantee el proyecto de plan específico con medidas correctoras que permitan evaluar su posibilidad de revertir la situación y con un calendario de desarrollo de las mismas".

Con todo, la Xunta advierte que la elaboración de un nuevo documento supondría una modificación sustancial de los documentos que fueron expuestos al público, por lo que será preciso que tanto dicho como la memoria justificativa, una vez modificados, se sometan a un nuevo trámite de información pública, con el fin de garantizar su conocimiento y la máxima participación de la ciudadanía.

Raxoi discrepa de la posición de la Xunta

El gobierno local de la capital gallega no comparte los argumentos que recoge el requerimiento y apunta que "algunas de las afirmaciones" que se recogen en el documento "sugieren incluso una lectura poco atenta por parte del IGVS de la abundante documentación enviada por el Ayuntamiento".

"Lamentamos igualmente y nos sorprende que la Xunta ponga en cuestión un estudio que hizo un equipo de personas expertas de una universidad pública del Sistema Universitario Gallego (SUG), en este caso, la Universidad de A Coruña", exponen desde el consistorio.

Además, el Ejecutivo local lamenta que "la Xunta vuelva a poner obstáculos a una actuación que podría hacer directamente si hubiese tenido voluntad en lugar de cargar a los ayuntamientos con la obligación de presentar estudios y otra documentación".

El Ayuntamiento entiende, en todo caso, que no hace falta una nueva diagnosis aunque responderá a la Xunta "tras un análisis" pormenorizado de todas las cuestiones que refiere el requerimiento.

"Desde nuestra perspectiva, datos, diagnósticos y plan de medidas correctoras sustentan con firmeza y rigurosidad la propuesta de declaración de zona de mercado residencial tensionado", concluyen desde la Administración municipal.